Ángeles Armisén asegura que las leyes suponen una ayuda de protección en caso de riesgo inminente pero no contribuyen por sí solas a finalizar con estas prácticas
“La ablación supone una violación de los derechos humanos, una muestra de desigualdad de género y un ejemplo de la violencia ejercida contra la mujer”
La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a que elabore un protocolo de detección, prevención y respuesta ante la mutilación genital femenina en España para mejorar la capacidad de reacción de las administraciones públicas ante esta práctica. Todo ello debe realizarse en colaboración con las Comunidades Autónomas y con organizaciones sociales especializadas en infancia para poder dar respuesta ante estos casos.
La portavoz de Igualdad del Grupo Popular, Ángeles Armisén, ha puesto de manifiesto que el aumento de la inmigración en España durante los últimos 10 años ha sido un factor decisivo para el incremento de la práctica de la ablación entre mujeres y niñas que viven en nuestro país. En el año 2015, el 1,4% de la población que residía en España era de nacionalidad extranjera y en 2015 representa el 8,5% de la población.
Así, Armisén ha señalado que se ha experimentado un aumento de la población procedente de países en los que se practica la mutilación genital femenina. “La ablación supone una violación de los derechos humanos, una muestra de desigualdad de género y un ejemplo de la violencia ejercida contra la mujer”, y por este motivo, ha indicado, existen diferentes normativas a nivel internacional con el objetivo de proteger a mujeres y niñas de esta violencia.
En su intervención, la portavoz popular ha explicado que en España la práctica de la mutilación genital femenina, en cualquiera de sus variantes, es considerada delito de lesiones. Pero, en su opinión, lo que es realmente efectivo a largo plazo es apostar por la sensibilización y educación para que sean las propias familias las que apuesten por el abandono de estas prácticas. “Las leyes suponen una ayuda de protección en caso de riesgo inminente, pero no contribuyen por sí solas a finalizar con ellas”, ha subrayado.
El número de niñas y mujeres en riesgo de padecer mutilación genital en España se ha incrementado un 61% en los últimos cuatro años. 17.000 niñas menores de 15 años, hijas de familias procedentes de países africanos en los que esta práctica es habitual, se encuentran en situación de riesgo, donde en numerosas ocasiones se aprovecha las vacaciones en los países de origen para realizar la ablación a las menores.
Armisén ha asegurado que cuando una niña es mutilada se está vulnerando su libertad, su dignidad y su integridad como persona y las secuelas físicas y psicológicas la acompañarán el resto de su vida. Por este motivo, la senadora palentina ha agradecido al resto de grupos parlamentarios que hayan mostrado su sensibilidad y se haya aprobado esta iniciativa sin ningún voto en contra.
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